Defendemos su libertad, su patrimonio y su nombre con una estrategia hecha para su caso.

Una citación fiscal no es una condena, pero sí el momento en que se fija la versión que lo acompañará todo el proceso. Lo primero: leer con cuidado la notificación e identificar en calidad de qué se lo cita —testigo, investigado o agraviado—, porque de eso dependen sus derechos en la diligencia.

Antes de declarar, reúna todo lo que tenga del caso: contratos, mensajes, transferencias, boletas y nombres de personas que puedan dar cuenta de los hechos. Nunca asista sin haber revisado la carpeta fiscal; usted tiene derecho a solicitar copia y a conocer los cargos con anticipación.

Lo que conviene no hacer: declarar sin abogado, firmar actas que no reflejen lo que dijo, entregar documentos sin registro de entrega o comunicarse con la otra parte para «arreglar» el tema. Cualquiera de esas decisiones puede terminar usada como indicio en su contra.

Si la citación es para mañana y aún no tiene defensa, escríbanos: podemos evaluar la urgencia y acompañarlo a la diligencia.

En alimentos, el juez mira dos cosas: las necesidades reales del menor y la capacidad económica del obligado. No basta afirmar un ingreso: se prueba con boletas, movimientos, propiedades o el nivel de vida acreditado. Los gastos del menor también se prueban —colegio, salud, alimentación, transporte.

En tenencia, el criterio rector es el interés superior del niño: con quién ha vivido, quién cubre su cuidado diario, el informe social y psicológico, y la disposición de cada padre a favorecer el vínculo con el otro. Obstaculizar las visitas suele pesar en contra de quien lo hace.

Toda pensión y todo régimen de visitas puede modificarse cuando cambian las circunstancias: pérdida de empleo, nuevo hijo, mudanza o aumento de ingresos. Se pide con una demanda de aumento, reducción o variación, y con prueba del cambio.

Un acuerdo conciliado bien redactado suele conseguir en semanas lo que en litigio toma años, y evita desgastar al menor. Cuando la otra parte no colabora, el proceso judicial es el camino.

Ante un despido sin causa válida, la ley abre dos caminos y son excluyentes: pedir la reposición en el puesto o pedir la indemnización por despido arbitrario. Elegir uno cierra el otro, por eso la decisión se toma antes de demandar, no durante el proceso.

La reposición conviene cuando el vínculo laboral era estable, hay expectativa real de volver y el despido encubre una represalia —por ejemplo, tras un reclamo o una licencia. La indemnización conviene cuando ya no desea regresar o cuando reconstruir la relación resulta inviable.

Desde el primer día reúna: contratos y adendas, boletas de pago, correos y mensajes de la salida, la carta de preaviso o de despido, testigos y todo lo que acredite la real fecha de ingreso y las labores efectivamente realizadas.

Cuide los plazos: la caducidad para impugnar el despido es corta. Una consulta temprana suele ser la diferencia entre un caso sólido y un derecho perdido.

Toda sanción municipal nace de un acta de fiscalización. Ahí está la primera línea de defensa: si el acta no describe con precisión la conducta infractora, no identifica al fiscalizador o no fue notificada en forma, el procedimiento queda viciado.

Recibida la resolución de sanción, el orden es: descargo dentro del plazo señalado, luego recurso de reconsideración —si hay prueba nueva— o de apelación, y agotada la vía administrativa, la demanda contencioso-administrativa ante el juez.

En clausuras y paralizaciones, además del recurso conviene pedir medidas que permitan seguir operando mientras se resuelve, acreditando que el negocio cumple las condiciones de seguridad y que la medida causa un daño desproporcionado.

El error más común es dejar pasar el plazo esperando «que se olvide»: la multa se vuelve exigible y pasa a cobranza coactiva, con embargos incluidos.

Penalidades. Deben ser proporcionales y tener un tope. Una penalidad sin límite o sin hecho objetivo que la active termina discutida en juicio, con resultado incierto para ambas partes.

Resolución. Defina causales claras, el plazo para subsanar y la forma de comunicar la resolución. Sin eso, salir de un contrato malo cuesta más que cumplirlo.

Confidencialidad y datos. Precise qué información es confidencial, por cuánto tiempo y qué ocurre al terminar la relación; si hay datos personales, incluya el encargo de tratamiento.

Garantías y responsabilidad. Limite la responsabilidad a daños directos y fije un monto máximo; sin ese límite, una operación pequeña puede exponer todo el patrimonio de la empresa.

Solución de controversias. Elija foro y sede: conciliación previa, arbitraje o fuero judicial. Definirlo antes evita pelear dos veces, primero por dónde se discute y después por el fondo.

Cuando no hay testamento, la ley fija el orden: primero los hijos y demás descendientes junto al cónyuge, luego los padres y ascendientes, después los hermanos, y así sucesivamente. El cónyuge concurre con los hijos y además conserva sus derechos sobre los bienes comunes del matrimonio.

El trámite se inicia con la sucesión intestada, que puede seguirse en la vía notarial —cuando hay acuerdo entre los herederos— o ante el juez si existe controversia o herederos que no participan. Se requiere partida de defunción, partidas que acrediten el entroncamiento y la relación de bienes.

Declarados los herederos, la sucesión se inscribe en Registros Públicos y solo entonces se puede vender, hipotecar o partir el inmueble. Sin inscripción, el bien queda inmovilizado en la práctica.

Si los herederos no logran acuerdo sobre cómo repartir, procede la división y partición judicial. Nuestra recomendación es intentar primero un acuerdo: es más rápido, más barato y preserva la relación familiar.